Por Luis Sagüés Garay 

El fanatismo y el interés político de un grupo de diputados oficialistas, quisieron evitar por todos los medios antirreglamentarios, - incumpliendo la determinación de la mayoría -  que se leyera en el parlamento la declaración de la Cámara de diputados del 22 de agosto de 1973, en la cual se solicitaba legalmente a las FF. AA y de Orden poner término a las recurrentes y sistemáticas violaciones a la constitución de la Republica y a las leyes que nos regían, por parte del  nefasto gobierno de la UP, que presidía Salvador Allende.

 Este documento aprobado en la Cámara de aquel tiempo por amplísima mayoría “representó a Allende el grave quebrantamiento del orden constitucional del país y pidió poner fin a las infracciones a la Carta Magna”. Hoy a 50 años de ese episodio épico, de los diputados opositores de aquel tiempo, se pretende ocultar y negar, por los fanáticos actuales, que representan sin pudor, el pensamiento perverso de los partidos de la UP y de su líder. 

 Este acuerdo dirigido expresamente, al presidente Salvador Allende, sus ministros y miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros, “Representaba el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañaban los hechos y circunstancias referidos en los considerandos N°1 a 14 precedentes”;

Es oportuno recordar que uno de los redactores de aquel histórico acuerdo, fue el diputado y posterior ex presidente Aylwin. Y uno de sus más fervientes partidarios -en aquel tiempo- el presidente del Senado y ex presidente de la república, don Eduardo Frei Montalba.

En esta documentada y larga relación de los hechos que hacían imperativo poner término a esta trágica situación, a que había conducido el gobierno de la UP y Allende, se hacía mención a las permanentes violaciones a la ley y a la constitución, que había sido ya representada en la Declaración de la Corte Suprema de Justicia que enfatizaba al Gobierno, su abierto y recurrente atropello a la constitución y a las leyes.

Decía: “Que en lo que se refiere a la Contraloría General de la República -un organismo autónomo- esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa, el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él”.

Todo este pormenorizado relato fundamentan -ante la gravísima crisis que vivía la nación, ad portas de una guerra civil- la patriótica intervención de las FF. AA y de Orden, que se plasma en el  ACUERDO ADOPTADO POR LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS EL 22 DE AGOSTO DE 1973.