Por Luis Sagüés Garay.
La principal misión de un gobierno que administra el Estado, es dar seguridad, orden, tranquilidad y paz, para que las personas puedan desarrollar sus actividades habituales corrientes, laborales, domésticas y recreativas, sin sobresaltos, angustias ni miedo. Para ello el gobierno cuenta con instituciones preparadas y equipadas para brindar esta elemental condición, en un Estado en que impere la ley.
Hemos visto con inmensa preocupación general en estos días, que organizaciones delictuales de origen desconocido, han efectuados con absoluta impunidad - hasta el momento – un trágico secuestro. Cuando se trata de dilucidar a la luz de los antecedentes que se manejan a través de los medios de comunicación, el origen de estas organizaciones y el móvil de ello, se concluye, que son de una preparación y destreza que excede largamente los medios y métodos que usan bandas delictuales comunes. Parece a todas vistas y así concluyen especialistas de todos los sectores, que se trata de una organización internacional, que no persigue fines económicos, (no se pidió rescate) sino solo publicidad. Para transmitir, a quien quiera entender este operativo, que ellos son capaces de hacer los más sofisticados crímenes, sin ser descubiertos ni menos sancionados.
Es una amenaza que se genera para todos los que se atrevan a criticar o denunciar lo que ellos quieren esconder, para que la humanidad no se entere, ni emita opiniones desfavorables a estos organismos.
Toda esta situación perjudica seriamente las posibilidades de mejoría económica que nuestro país necesita con urgencia, para volver a transitar la senda del crecimiento necesaria, si queremos al menos, recuperar los niveles de pobreza que tuvimos antes de este gobierno empobrecedor. En un país en el que no existe tranquilidad ni seguridad, es imposible que pueda desarrollarse alguna actividad productiva que conduzca al anhelado desarrollo.
El gobierno tiene los medios, calificados y competentes, para -si tiene la voluntad de hacerlo- controlar la delincuencia nacional e internacional. Pero para ello es indispensable darles a las policías el apoyo político y legal que estas instituciones necesitan, para emplear definitivamente la fuerza legítima, y combatir con éxito toda delincuencia provenga de cualquier parte.
Si no existe la voluntad política -aparentemente limitada por compromisos anteriores- “la revolución hay que hacerla con el lumpen” es inútil esperar alguna mejoría en esta caótica situación.